El riego en el Perú ha sido (y se espera que continúe siendo) un factor determinante en el incremento de la seguridad alimentaria, el crecimiento agrícola y productivo, y el desarrollo humano en las zonas rurales del país. Los recursos hídricos y la infraestructura hidráulica para riego está distribuida de manera desigual por el país, lo que crea realidades muy diferentes. La costa, de tierra fértil pero seca, posee grandes infraestructuras hidráulicas fruto de inversiones destinadas al desarrollo de regadíos para fomentar exportaciones. La sierra y la región Amazónica, con abundantes recursos hídricos pero poca o rudimentaria infraestructura para riego, poseen minifundios con cultivos destinados a mercados locales o subsistencia. Una gran parte de su población es pobre.
El siglo XX comenzó con un importante desarrollo institucional en el sector riego de Perú con la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas y Aguas (1904) y el Servicio Hidrológico (1911). En 1914, el gobierno peruano contrató al ingeniero estadounidense Charles Shutton para asesorar sobre las obras públicas para el desarrollo del riego. Sin embargo, no fue hasta la década de los años 20 cuando se lanzaron los primeros proyectos de riego estatales a gran escala. La inversión pública en riego en 1905 correspondió al 8,7% del total, llegando al 18,62% en 1912, tendencia que continuó en las décadas de los años 20 y 30.
Desde 1945 hasta 1948, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Riego y Mejoramiento del Riego. Entre 1945 y 1956, la inversión pública alcanzó niveles sin precedentes con hasta el 50% de inversión total. Las transferencias de agua del río Quinoz al intermitente río Piura en la Región de Piura y desde el río Chotano al río Chancay-Lambayeque en la Región de Lambayeque, ambas ubicadas en la parte norte de la planicie costera, son ejemplos de los proyectos implementados en ese momento y durante la década de los años 60. Entre 1950 y 1980, el 90% de la inversión en riego se dirigió a la región costera y solo el 10% al Altiplano.
La reforma agraria de 1969 expropió todas las propiedades por encima de un determinado tamaño, generalmente 100 ha. La mayoría de los campesinos peruanos eran minifundistas independientes y, por lo tanto, continuaron trabajando sus tierras individualmente después de las reformas. La reforma agraria y la inestabilidad política contribuyeron a un escaso rendimiento de la agricultura, ya que cambiaron profundamente las relaciones de producción en el campo, interrumpieron la organización de sistemas productivos en las mejores tierras agrícolas y forzaron parte de la capacidad empresarial.
Los asociaciones informales de regantes Peruanos se vieron afectadas por la reforma agraria y la Ley General de Aguas ya que promovían un determinado modelo de asociaciones y les daba oficialidad. En 1989, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 037-89-AG transfirió las responsabilidades de operación y mantenimiento de los sistemas de riego a las juntas de usuarios. Esta descentralización, que se produjo especialmente en la costa, tenía como objetivo desvincular al estado, fomentar la inversión privada y estimular la independencia y la sostenibilidad financiera de las juntas de usuarios mediante el establecimiento de tarifas de agua. Sin embargo, las bajas tarifas y la poca capacidad recaudadora produjeron un apoyo financiero insuficiente para que las juntas de usuarios mantuvieran y desarrollaran los sistemas de riego. El gobierno peruano siguió siendo el mayor actor en el desarrollo del riego, que estaba concentrada en la región costera. El 76% de la inversión en la región costera entre 1978 y 1982 se concentró en los tres proyectos más importantes de riego en Majes (Región de Arequipa), Chira-Piura (Región de Piura) y Tinajones (Región de Lambayeque). Esta tendencia se mantuvo durante los años 90.
En 1996, el Gobierno, con el apoyo del Banco Mundial, creó el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), que, con éxito desarrolló las capacidades de las juntas de usuarios en la costa, redujo la importancia de la inversión pública en el sector, mejoro la sostenibilidad financiara de las juntas y aumento la inversión privada en la mejora técnica de los sistemas de riego.
Inversiones en la actualidad para atender los problemas de irrigación
En el norte del Perú el avance de las inversiones para el proyecto Olmos están al 80%. El proyecto Olmos comprende la captación del agua del río Huancabamba que será trasvasado por el Túnel Trasandino de 20 kilómetros. La inversión total para el desarrollo integral de las obras supera los 500 millones de dólares.
Dicho proyecto abastecerá de agua a 43,500 hectáreas de tierra, de las cuales 38,000 hectáreas, que se ubican en las pampas de Olmos, serán subastadas en lotes a gran escala, mientras que las 5,500 hectáreas restantes pertenecientes a Valle Viejo serán irrigadas para el mejoramiento del desarrollo agrícola.
En el Sur del Perú la inversión se está orientando a una mega construcción en majes Suguas II. Con una inversión total de US$404,7 millones aportados por el Estado, privados y el gobierno regional de Arequipa, y la creación de 440.000 puestos de trabajo, el proyecto de irrigación Majes Siguas II se transformará en la obra más importante para la industria del agro del país andino.
Gracias a la construcción, se podrá expandir la frontera agricola en 38.500 hectáreas y beneficiará de modo directo a los productores de Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna.
Con el inicio de los trabajos en Majes Siguas II, se generarán de manera directa 140.000 puestos de trabajo, y unos 300.000 indirectos, transformándose en uno de los más grandes proyectos agroindustriales del país.
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/peru-proyecto-majes-siguas-ii-generara-440000-puestos-de-trabajo